La Provincia implementará el sistema de juicios por jurados para delitos graves. Cómo será la selección de ciudadanos, cuáles son sus obligaciones y qué rol tendrán en los procesos penales.
La provincia de Santa Fe avanzará en la implementación del sistema de juicios por jurados para determinados delitos penales considerados de mayor gravedad. El nuevo esquema incorporará la participación directa de ciudadanos en la definición de culpabilidad o inocencia de personas acusadas en causas específicas.
El funcionamiento del sistema será acompañado por equipos técnicos del Ministerio Público de la Acusación, particularmente desde el área de litigación de la Fiscalía Regional 2 de Rosario, que interviene en la preparación de juicios orales, el diseño de estrategias y la asistencia a fiscales durante los debates judiciales.
Qué son los juicios por jurados
Los juicios por jurados son procesos penales en los que un grupo de ciudadanos tiene la responsabilidad de decidir, a partir de las pruebas presentadas durante el debate, si una persona acusada es culpable o inocente.
En este sistema, los integrantes del jurado no determinan la pena. Esa tarea continuará siendo responsabilidad de los jueces técnicos en caso de existir una condena.
Qué delitos serán juzgados mediante jurados
La legislación santafesina establece que no todos los delitos serán sometidos a este mecanismo. Los juicios por jurados serán obligatorios únicamente para determinados hechos de alta gravedad.
Entre ellos se encuentran:
- homicidios calificados;
- abuso sexual seguido de muerte;
- homicidio en ocasión de robo;
- hechos en los que intervengan integrantes de fuerzas policiales o penitenciarias en contextos de enfrentamiento.
Quiénes pueden integrar un jurado
Podrán ser convocados ciudadanos argentinos de entre 18 y 75 años. También podrán participar personas nacionalizadas argentinas con al menos dos años de ejercicio de ciudadanía.
Además, será requisito saber leer, escribir, hablar y comprender correctamente el idioma español.
Para cada juicio se convocará inicialmente a unas 36 personas. Luego de una audiencia de selección quedarán conformados 12 jurados titulares y 2 suplentes, respetando la paridad de género.
Cómo será la selección de los ciudadanos
Antes del inicio del juicio se realizará una audiencia en la que la fiscalía y la defensa podrán formular preguntas a los potenciales jurados para garantizar la imparcialidad del proceso.
En caso de existir vínculos con alguna de las partes involucradas —como fiscales, defensores, jueces, imputados, víctimas o testigos— la persona no podrá integrar el jurado.
Las notificaciones serán enviadas oficialmente al domicilio de cada ciudadano seleccionado, indicando fecha, horario y obligaciones correspondientes.
Derechos, obligaciones y remuneración
La participación como jurado será considerada una carga pública obligatoria. Por ese motivo, quienes sean convocados no podrán ausentarse injustificadamente, ya que podrían recibir sanciones.
Al mismo tiempo, la normativa prevé la entrega de certificados para justificar la ausencia laboral y establece una remuneración económica por cada jornada de servicio prestado.
La ley también contempla situaciones excepcionales en las que un juez podrá desobligar a una persona convocada.
Cómo se toman las decisiones
Una vez finalizado el juicio, los jurados deberán deliberar de manera secreta para alcanzar una decisión unánime.
Si no existe acuerdo entre todos los integrantes, el juez deberá indicar cómo continuará el procedimiento.
La duración de cada juicio dependerá de la complejidad de la causa y de la cantidad de testigos convocados, pudiendo extenderse durante varios días.
El rol del Ministerio Público de la Acusación
Desde el equipo de litigación del Ministerio Público de la Acusación remarcaron que su función será asistir técnicamente a las distintas unidades fiscales durante los debates orales, incluyendo la preparación de testigos y la planificación estratégica de cada caso.
La implementación de este sistema representa un cambio importante en la administración de justicia penal en Santa Fe, incorporando mayor participación ciudadana en causas de alto impacto social.